Con lujo de violencia, saltándose protocolos jurídicos, arremetiendo en contra de la integridad de civiles es como la policía municipal dirigida por Reynol Jacinto Robles Sánchez, se presenta a un supuesto desalojo a las instalaciones del rastro municipal.
Abusando de las funciones y el cargo público que hoy ostentan el director de la policía municipal en contubernio con el director de servicios públicos municipales Gerardo Rafael Trujillo Arellano, el jurídico municipal Rogelio Cruz Gordillo y personal del actual ayuntamiento arremetieron en contra de mujeres (que estaban acompañados de sus hijos menores de edad) y hombres quienes se encontraban laborando dentro del rastro municipal; sin presentar una orden de desalojo, comenzaron las agresiones, mismas que llevaron a los civiles a responder e intentar defenderse con piedras y palos.
Violentando en todo momento los derechos humanos y garantías individuales de cada sujeto, así como el art. 60 de la ley constitucional de derechos humanos y garantías individuales que dice: ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso en concreto; manteniendo siempre el diálogo y el mutuo acuerdo sin perjudicar a terceras personas.
A esto le sumamos los delitos de usurpación de poderes cometidos por el supuesto asesor y mano derecha del director de servicios públicos quién en su momento no quiso identificarse pero que al investigar sabemos de fuentes oficiales que es integrante de servicios públicos municipales, trabajó en el período 2015-2018 en alumbrado publicó municipal en Tuxtla Gutiérrez, se llama Cesar Nájera Hernández y es quien en videos se aprecia que tuvo material de protección de la policía municipal y en todo momento fue custodiado por los mismos además de comenzar con las agresiones contra comunicadores que se encontraban en el lugar.
Y para rematar podemos ver cómo los policías agreden a periodistas y comunicadores que se encontraban haciendo su trabajo, quebrándoles los teléfonos celulares, con jalones y empujones, golpeándolos y por si fuera poco amenazando a quien se les pusiera frente a ellos.
A todo esto lo único que esperamos es un comunicado congruente del presidente municipal fincando responsabilidades a quienes las tengan y exigiendo renuncias inmediatas a quienes violaron en todo momento protocolos y garantías individuales de cada persona (incluyendo mujeres y niños) que solo se encontraban laborando como cada día.