• Jorge Llaven Abarca informó a la Mesa de Seguridad Estatal los avances de las diligencias desahogadas con motivo de los hechos violentos ocurridos el pasado jueves
• Resaltó la voluntad ciudadana en virtud de que la población comenzó a entregar a la Fiscalía los objetos sustraídos de una tienda departamental
Durante su intervención en la Mesa de Seguridad Estatal que coordina el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, el fiscal general Jorge Llaven Abarca informó de los avances de las diligencias desahogadas con motivo de los hechos violentos ocurridos el pasado jueves en el municipio de Venustiano Carranza, destacando la participación de la ciudadanía al hacer uso del número 9-1-1 para aportar datos de prueba a la autoridad y que además está coadyuvando en las investigaciones para ubicar a los responsables de estos actos de barbarie.
El responsable de la procuración de justicia en Chiapas resaltó la voluntad ciudadana del municipio de Venustiano Carranza, en virtud de que desde el día de ayer la población comenzó a entregar a la Fiscalía del Estado los objetos que fueron sustraídos de una tienda departamental.
En este mismo marco, reiteró el llamado a la sociedad civil para que no participe en conductas antisociales y pidió a quienes fueron engañados por los autores de estas comisiones delictivas para recibir objetos sustraídos de los inmuebles vandalizados, que acuda al Ministerio Público o a la Policía para hacer entrega de los mismos.
Asimismo, dio a conocer que fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal coordinadas por la Fiscalía General del Estado continúan realizando operativos disuasivos para garantizar la paz en la región, además del grupo especial de Ministerios Públicos y peritos especializados que realizan las diligencias de investigación tendientes a esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Finalmente, refrendó el serio compromiso de la Fiscalía General del Estado para garantizar el Estado de derecho y la paz en todo el territorio chiapaneco, reiterando que toda conducta antisocial es investigada bajo la política de cero impunidad.