EN LA MIRA
HÉCTOR ESTRADA
La causa que movilizó a millones de mujeres el pasado 28 de septiembre en todo el mundo tiene de fondo uno de los temas centrales de la lucha feminista a lo largo de su historia. No es un asunto de moda o de capricho pasajero como algunos han intentado minimizarlo. Se trata de la lucha para abolir los últimos resquicios del control que en pleno siglo XXI el Estado ejerce sobre la autonomía de las mujeres.
La Interrupción Legal del Embarazo (ILE), basado en el principio fundamental de autodeterminación sobre nuestro propio cuerpo, es un asunto jurídico ya superado en los denominados países de primer mundo, pero que en Latinoamérica, África y Medio Oriente ha encontrado bastante resistencia.
Se trata de un tema plagado de suposiciones, machismo y debates morales o éticos, cuyas dudas recurrentes han sido respondidas desde hace muchos años por la ciencia médica y el Derecho. Pero entonces, ¿en qué consisten las propuestas para la Interrupción Legal del Embarazo en todo México?
Al menos en el caso de nuestro país, la ILE no se trata de una carta abierta para abortar sin restricciones. Las iniciativas propuestas, que toman como ejemplo a la legislación vigente en la Ciudad de México, buscan despenalizar el aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación, tiempo en que científicamente el feto no ha desarrollado la mayor parte de sus órganos vitales y terminales nerviosas. Aún es un conjunto de células en formación.
Se trata pues de un plazo legal (de tres meses) que permite interrumpir la gestación fetal sin consecuencias penales para las mujeres que así lo decidan porque no quieren o están preparadas para ser madres, más allá de las causales que ya permiten el aborto por razones de abuso sexual, malformaciones congénitas o riesgo para la madre; garantizando finalmente atención médica del Estado para la realización de procedimientos seguros.
Y es que los abortos clandestinos son una realidad innegable en México. Cada minuto una adolescente mexicana se convierte en madre. Al año prácticamente hay en el país medio millón de embarazos en jóvenes menores de 19 años; incluso de niñas de sólo 10 años. México encabeza la lista de entre todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la tasa más alta de embarazos en adolescentes.
A diario se atienden, en promedio, mil 252 partos de mujeres de este grupo de la población. Además, sólo siete por ciento de los adolescentes que se convierten en madres o padres cuentan con una fuente de ingreso económica y el resto no tiene ni cómo mantener a su familia. Encima, 80 por ciento tienen que abandonar sus estudios escolares por esta causa.
Pero no se trata de un problema exclusivo de jóvenes y adolescentes, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) realizada por la Universidad Autónoma de México (UNAM), alrededor del 75 por ciento de las personas (hombres y mujeres de 18 a 35 años) encuestadas reconocieron haber tenido relaciones sexuales sin protección al menos una vez durante su vida sexual.
Y la cifra parece bastante conservadora. El hecho de que entre siete u ocho de cada 10 personas hayan reconocido haber tenido un encuentro sexual sin método anticonceptivo alguna vez deja de manifiesto que no se trata una “irresponsabilidad” minoritaria o sectorizada. Advierte que la recurrencia de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados es mucho más alta de lo que parece, pero que generalmente suceden en silencio o la clandestinidad, fuera de las cifras oficiales.
En México, los abortos clandestinos causan alrededor del 11 por ciento de las muertes maternas (totalmente prevenibles), lo que obliga a tratar al tema no sólo en términos de Derechos Humanos y justicia social, sino también como una urgencia en materia de salud pública.
Según el estudio Género e Igualdad, Análisis y Propuestas para la Agenda Pendiente, la atención en hospitales por urgencias de gravedad relacionadas con la práctica clandestina del aborto es alarmante. Datos de la Secretaría de Salud en México, señalan que entre los años 2010 y 2018 más de un millón 600 mil mujeres ingresaron a hospitales públicos a causa de complicaciones graves relacionadas con dicha práctica clandestina.
Entre 2002 y 2016 se contabilizaron 624 muertes oficiales a consecuencia de los abortos clandestinos. Y es que no es un problema aislado. De acuerdo a datos recabados mediante la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), en 2016 poco más de medio millón de mujeres entrevistadas reconocieron haberse practicado al menos un aborto clandestino.
La situación resulta preocupante pues revela un fracaso en las políticas preventivas de salud sexual y reproductiva. Pero además pone de manifiesto la falta de reconocimiento a la realidad sexual de miles de adolescentes, jóvenes y adultos que recurren todos los días al aborto de manera clandestina, sin la seguridad que podría otorgar el sistema de salud nacional.
La Ciudad de México es un caso emblemático donde, desde la despenalización del aborto en el marco normativo local, las cifras han ido a la baja. En aquella entidad las muertes por abortos mal practicados disminuyeron casi en un cien por ciento. A 12 años de aprobarse ILE se ha registrado sólo una muerte oficial por esa causa, pues más del 90 por ciento de las mujeres que deciden interrumpir la gestación asisten ya a clínicas certificadas en la materia.
Ante tan reveladores datos, sorprende que, durante los últimos años, 18 de los 32 estados de México han aprobado reformas que “protegen la vida” desde la concepción. En algunos de ellos, como Hidalgo y Guanajuato, las penas privativas de la libertad incluso se han elevado. Sin embargo, no se tratan de leyes que protegen la vida, sino que castigan a la mujer por la práctica sexual irresponsable; pues finalmente valida el aborto ante otras causales como la violación, como si la vida del feto valiera menos por ser origen de otro delito.
Como resultado de las legislaciones criminalizantes, en los últimos 10 años, según las cifras del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), un total de cuatro mil 246 personas han sido denunciadas o procesadas penalmente por interrupción de embarazos, que en promedio significa más de un procedimiento judicial al día por esa causa.
Lo que se ha perdido de vista en una discusión estéril es que el aborto es una práctica que NO va a disminuir con leyes que criminalizan a las mujeres que recurren a ella. Así lo demuestran las cifras oficiales. El debate real tiene que ver con la decisión de las autoridades para hacer de México un país que garantice interrupciones del embarazo seguras o siga siendo una nación que promueve la clandestinidad de dichos procedimientos. Así de simple.
Una mujer que interrumpe su embarazo no es un monstruo o delincuente. No puede ni debe ser tratada así. Créame, difícilmente es una práctica que se haga por gusto o placer. Los embarazos no deseados, por falla del método anticonceptivo, «errores pasionales» o circunstancias no previstas suceden todos los días. No son “descuidos excepcionales” o poco comunes de los que estemos exentos, para luego convertirnos en jueces sobre otras u otros.
Hablemos con la verdad ¿Qué porcentaje de nosotros hemos tenido encuentros sexuales sin protección alguna vez, o que cantidad de los embarazos suceden sin planificación? Responda con honestidad. Es una realidad que existe y que como otros tantos problemas de salud pública (también provocados por comportamientos irresponsables muy huma-nos) exige atención del Estado. La sexualidad, su práctica y sus consecuencias no pueden seguir siendo criminalizadas.
Las mujeres (nuestra hijas, hermanas, novias, amigas o esposas) que decidan no estar preparadas para ser madres van a seguir interrumpiendo sus embarazos no deseados con toda la pesadilla que implica, por lo que necesitan del respaldo familiar y no de la condena pública. El asunto es si lo harán de manera clandestina -arriesgando la vida- o en centros de salud regulados. Las maternidades y paternidades deben ser deseadas o simplemente no deben ser.
Más allá de la controversia generada por las últimas marchas del movimiento feminista (que por cierto tiene muchas más expresiones y muchos más años que las protestas recientes) hoy el tema exige discusiones serias y análisis equilibrados que le den la verdadera dimensión al asunto como problema de salud pública, Derechos Humanos y justicia social para reconocer a la interrupción del embarazo como parte esencial de los derechos reproductivos de las mujeres, sin que nadie más tenga derecho de decisión sobre sus cuerpos y su vida… así las cosas.
